El Ministerio de Defensa y la Policía fueron encontraron responsables de las lesiones que padeció el periodista Andrés Cardona en medio del cubrimiento de Paro Nacional del año de 2021.
A pesar de esto, la decisión judicial dejó por fuera temas fundamentales sobre la reparación y las garantías de no repetición por parte de la Fuerza Pública contra los comunicadores.
Y es que el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá sentenció que la cartera y la institución tuvieron la responsabilidad administrativa y patrimonial por las lesiones causadas al periodista en medio de su trabajo como reportero. Dentro de las órdenes impartidas por esa instancia, está la obligación de indemnizar a Cardona por 10 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) por daños a la salud, y otros 10 SMLV por daños morales.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) celebró la decisión y aseguró que es un logro destacable en medio de los procesos que se han abierto por la violencia contra comunicadores víctimas de violencia policial. De hecho, entre abril y julio de 2021, la Flip registró 304 ataques a la prensa como agresiones físicas, amenazas, obstrucción al trabajo periodístico, hostigamientos, robo o eliminación de material periodístico y detenciones arbitrarias.
De acuerdo con la fundación, esos ataques “no solo vulneraron los derechos de las y los periodistas como individuos, sino que también afectaron el derecho colectivo de la sociedad a estar informada”. Además, la Flip agrega que “en escenarios como las manifestaciones sociales, el ejercicio periodístico es fundamental para garantizar el acceso a información de interés público, documentar posibles abusos de poder y visibilizar las demandas de la ciudadanía».
La fundación recordó que “cuando se agrede a la prensa, se debilita el control ciudadano sobre las instituciones y se socavan los principios democráticos” y añadió que aunque celebra la decisión judicial, «es limitada en cuanto a la reparación integral y las garantías de no repetición».
El juzgado negó algunas solicitudes de la demanda, como la relacionada con ordenar al Ministerio de Defensa que difundiera la decisión y expidiera un protocolo dirigido a la fuerza pública para garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de expresión “de los periodistas que hacen cubrimiento de manifestaciones”.
La Flip también denuncia que la sentencia no se pronunció sobre la violación al derecho a la libertad de expresión e información. Además, resaltan, que “el monto establecido como indemnización por el daño a la salud podría ser considerado mínimo, si se analiza la proporción entre el monto ordenado y las graves afectaciones psicosociales derivadas de los ataques de los que fue víctima Cardona por parte de integrantes del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad”
Dentro de su pronunciamiento, la Flip recordó lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando reconoció que los hechos de violencia cometidos en el Paro Nacional “aunados a la falta de una respuesta institucional habría generado un clima generalizado de silenciamiento y zonas vedadas para ejercer el periodismo”. Dice la fundación que “esto representa una forma de censura indirecta que restringe la circulación de información y limita el debate público, en contravía de los estándares interamericanos de libertad de expresión”.
Para la Flip, la decisión del operador judicial pone el foco en que es urgente que el Estado no solo reconozca su responsabilidad en los ataques a periodistas, sino que repare a las víctimas de manera integral y cumpla con su deber de proteger a los comunicadores sociales en cualquier parte del territorio.
Dentro de eso, incluye, según la Flip, “brindar garantías para su seguridad e integridad, así como el libre desarrollo del ejercicio periodístico, particularmente en medio de escenarios de tensión como el cubrimiento de manifestaciones sociales”.
La fundación que vela por la libertad de prensa anunció que apelará parte de la sentencia con el fin de que en una nueva revisión, la justicia, “considere la necesidad de reconocer una indemnización proporcional al daño sufrido y de adoptar medidas de satisfacción y garantías de no repetición”.
También, para que “obligue al Estado a difundir esta decisión, para que la sociedad conozca la verdad sobre lo ocurrido y se establezcan protocolos claros, que sean de obligatorio cumplimiento por parte de los uniformados, en aras de defender la libertad de expresión y garantizar la libertad de prensa en el marco de las manifestaciones”.
