Un nuevo capítulo de tensión social se vivió este miércoles 1 de octubre en las inmediaciones del Congreso Nacional de Argentina, donde efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería Nacional reprimieron con gases lacrimógenos y detuvieron al menos a un jubilado durante la habitual marcha semanal de pensionados, que protestan contra las medidas de ajuste económico del presidente Javier Milei.
El operativo, que aplicó el denominado «protocolo antipiquete» impulsado por el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, se tornó extremadamente violento cuando los cordones policiales avanzaron con escudos sobre los manifestantes, lanzando gas pimienta directamente a los rostros de varios abuelos. Las imágenes, difundidas por medios locales, muestran a jubilados siendo auxiliados por servicios de primeros auxilios, incapaces de abrir los ojos debido al efecto del gas.
«Como siempre, intentábamos dar la vuelta y me agarraron entre cuatro gendarmes, me patean la espalda, me pegaron los federales también», declaró Víctor, un jubilado, a la televisora local, C5N, desde el interior de un vehículo policial, antes de ser trasladado. Su testimonio fue respaldado por el de otros manifestantes. «Venimos porque ganamos 300 lucas [apróximadamente 200 dólares] y no tenemos ni para los remedios», expresó Eduardo, otro asistente a la marcha, quien denunció que las fuerzas de seguridad les lanzaron gas «directo a la cara».
La protesta, convocada por agrupaciones de jubilados y respaldada por centrales obreras opositoras como la CTA Autónoma, se enmarca en un clima de creciente conflicto social, a pocas semanas de las elecciones legislativas de octubre. Los organizadores enfatizan su rechazo al veto presidencial a una ley que proponía aumentos a las jubilaciones, aprobada previamente por el Congreso.
Noticia Mientras tanto, dentro del anexo del Congreso y detrás de las vallas policiales, la Comisión de Presupuesto arrancó la discusión del proyecto de Presupuesto 2026 con un altercado por la presencia del diputado oficialista José Luis Espert, quien dirige esa comisión y está siendo impugnado por sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado.
