Luego de cuarenta años del sangriento asalto al Palacio de Justicia de Colombia por parte de una guerrilla de izquierda M-19, que dejó más de 100 muertos, sobrevivientes y familiares de las víctimas afirman que el aniversario es un solemne recordatorio de su lucha constante por la verdad y la justicia

De ahí que la Corte Suprema de Justicia de Colombia realizará un acto conmemorativo el viernes para recordar la incursión del 6 de noviembre de 1985 al edificio por parte del grupo insurgente, que tomó como rehenes a magistrados y personal del tribunal, buscando adelantar un juicio al presidente de la época, Belisario Betancur, por los supuestos incumplimientos en el proceso de paz con esa guerrilla.

El ejército desplegó tanques, helicópteros y cientos de soldados durante un sangriento intento de 27 horas para retomar el edificio. Más de 100 personas murieron, incluyendo a once de los 25 magistrados de la Corte Suprema, mientras 11 personas permanecen aún desaparecidas.

El horror de ese día sigue vivo para Amelia Mantilla, cuyo esposo, el magistrado Emiro Sandoval, murió durante el ataque.

«Nunca imaginamos un horror como el que ocurrió, porque fueron horas eternas», dijo Mantilla. «Simplemente eso fue arrancar y acabar con todos».

Mantilla, quien más tarde sirvió como magistrada, y su hija Alexandra, ahora jueza del tribunal de justicia transicional de Colombia, recibieron noticias inquietantes más de 30 años después del asalto, que se dio en medio de una Colombia acorralada por el narcotráfico, los grupos paramilitares y guerrilleros.

En 2017, las autoridades que trabajaban para confirmar la identidad de las víctimas les informaron que los restos que les entregaron originalmente no eran los de Sandoval, sino de otras víctimas no identificadas en el ataque.

«¿Qué es lo que reclama una víctima? Reclama la verdad, quiere saber qué le pasó a su ser querido, quiere tener algo, un símbolo que significa el cuerpo de la persona que falleció, necesita también tener claro que los hechos no se quedan en la impunidad», dijo Mantilla.

Aunque los restos de Sandoval, confirmados mediante pruebas de ADN, fueron entregados posteriormente a la familia, el error por parte del Estado sirve como ejemplo del sufrimiento que aún padecen muchas familias de víctimas, especialmente las de los desaparecidos.

«Esto es una tragedia que no nos han permitido cerrar», agregó Mantilla.

El asalto sigue siendo un punto álgido en la política colombiana.

El presidente Gustavo Petro, exmiembro del M-19, afirmó la semana pasada en X que las pruebas forenses demostraban que ningún magistrado había muerto con armas de la guerrilla.

Algunos familiares de las víctimas, incluido el hijo del magistrado asesinado Manuel Gaona, han refutado las afirmaciones del mandatario.

El M-19 se desmovilizó en virtud de un acuerdo de paz en 1990 y muchos de sus líderes han desarrollado largas carreras políticas.

En el año de 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos ofreció disculpas por la respuesta militar al asalto, reconociendo «fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse».

Erik Arellana, defensor de las víctimas e hijo de un integrante de la entonces guerrilla M-19 que desapareció dos años después del ataque, expresó que las conmemoraciones son fundamentales para crear empatía con las víctimas, ayudándolas en esos proceso de perdón.

«Las conmemoraciones han sido como el recurso que han utilizado las familias para decir «aquí estamos, seguimos exigiendo, seguimos pidiéndole a la comunidad nacional e internacional que comprende el daño causado».