El caso de la exfiscal, MarĂa Teresa Suárez, reconocida por su labor en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, dio un giro tras la emisiĂłn de una sentencia condenatoria en su contra por su responsabilidad en el delito de prevaricato.
La funcionaria, que durante más de veinte años formĂł parte de la FiscalĂa General de la NaciĂłn y llegĂł a recibir el prestigioso premio Enrique Low Murtra, ahora huye de la justicia colombiana, de acuerdo con informaciĂłn aportada por las fuentes durante el proceso.
Y es que la investigación judicial estableció que Suárez, que ocupó cargos de alta responsabilidad en la dirección contra el narcotráfico, utilizó su cargo para favorecer a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con la acusaciĂłn expuesta por la FiscalĂa, la exfuncionaria de esa entidad intervino en procesos relacionados con el camuflaje de drogas en furgones y camionetas, adoptando decisiones que beneficiaron directamente a los narcotraficantes.
La gravedad de sus actuaciones fue tal que varios jueces alertaron sobre las irregularidades detectadas en diferentes procedimientos judiciales.
En el escrito de acusaciĂłn, la FiscalĂa dejĂł bien claro que Suárez no solo omitiĂł fundamentos legales sĂłlidos para justificar la participaciĂłn de los procesados en los hechos investigados, sino que actuĂł de manera dolosa para favorecerlos.
El documento tambiĂ©n señala que “la FiscalĂa no ofreciĂł ningĂşn sustento jurĂdico para explicar el grado de participaciĂłn de cada uno de los procesados en las conductas puntuales aquĂ investigadas y Ăşnicamente se limitĂł a indicar que dicha adecuaciĂłn tĂpica fue producto de un concienzudo análisis de los elementos materiales probatorios”.
Por eso, el fallo emitido el miércoles 19 de noviembre por un magistrado del Tribunal de Bogotá concluyó que Suárez era penalmente responsable de los delitos de prevaricato por acción agravada y continuada.
La sentencia subraya que la exfuncionaria ejerciĂł sus funciones de manera irregular y a cambio de beneficios econĂłmicos de parte de varios narcotraficantes.
“En los hechos presentados es evidente que pretendieron conocer las posturas judiciales y los principios constitucionales que consultar, obviamente doloso, pretendió favorecer a los procesados en el acto de imputación, pues es claro que con base en que los medios de conocimiento advirtieron la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes”, establece la sentencia.
Tras conocerse la primera condena y luego de haberse pensionado, Suárez optĂł por huir de la justicia, ahora se oculta de las autoridades.  Diversas versiones apuntan a que se encontrarĂa fuera del paĂs, especĂficamente en los Estados Unidos. Ante esta situaciĂłn, la FiscalĂa anunciĂł que solicitará Ăłrdenes de captura internacional con el objetivo de lograr su detenciĂłn y que responda en Colombia por los delitos que se le imputan.
La Corte Suprema de Justicia condenó a Tailor Ivaldy Londoño Herrera, exmagistrado del Tribunal Superior de Cartagena, a cuatro años y tres meses de prisión domiciliaria por el delito de prevaricato por acción, tras cancelar la orden de captura contra un exmilitar sentenciado por secuestro y homicidio.
La determinaciĂłn judicial subrayĂł la gravedad de la conducta del exmagistrado, al afirmar que “la conducta desplegada por el acusado reviste superlativa gravedad porque con ella desconociĂł de manera palmaria el propĂłsito de las medidas provisionales conforme el artĂculo 7° del Decreto 2591 de 1991, cuya teleologĂa no es otra que servir de herramienta para proteger derechos fundamentales vulnerados o bajo amenaza de afrenta mientras se dicta fallo en la acciĂłn constitucional de tutela”, segĂşn la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Además de la pena privativa de la libertad, Londoño Herrera deberá pagar una multa de 70,83 salarios mĂnimos y estará inhabilitado alrededor 85 meses para ejercer funciones pĂşblicas. Para acceder al beneficio de prisiĂłn domiciliaria, el exmagistrado tendrá que consignar una garantĂa equivalente a cinco salarios mĂnimos, como lo establece la ley colombiana.


