En la noche del jueves 18 de diciembre, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades en la ciudad de Cali para dar cumplimiento a la orden de captura emitida en su contra, en el marco del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Velasco acudió ante funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la capital del Valle del Cauca, ciudad donde reside, con el fin de acatar la medida de aseguramiento intramural ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras avanza la investigación en su contra. Tras su entrega, el exministro quedó a la espera de que el Inpec defina el establecimiento carcelario al cual será trasladado.

Con este hecho, se confirma la segunda detención de un exintegrante del gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro relacionada con el escándalo de la UNGRD. De manera paralela, la medida de aseguramiento también fue impuesta al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien estuvo presente en la audiencia judicial.

La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá. Al finalizar la diligencia, que se desarrolló en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá, en el sector de Salitre, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Judicial procedieron a la detención de Bonilla, quien fue trasladado al Búnker de la Fiscalía, donde pasó la noche.

De acuerdo con la Fiscalía y con la ponencia de la magistrada Rosero, Velasco y Bonilla serían presuntas cabezas de un entramado criminal mediante el cual, de forma ilegal, se habría negociado el direccionamiento de contratos tanto de la UNGRD como del Invías. Según el expediente, estos acuerdos habrían estado condicionados al voto favorable de entonces congresistas a proyectos clave del Gobierno en el Congreso, entre ellos reformas sociales y diversas iniciativas tramitadas en las comisiones económicas.

Uno de los principales argumentos del Tribunal para imponer la medida de aseguramiento intramural fue el riesgo de continuidad del esquema de corrupción. La magistrada sostuvo que la decisión no se fundamenta en un eventual peligro de fuga, sino en la necesidad de evitar la rearticulación del entramado y la persistencia de prácticas como el direccionamiento contractual y la interferencia indebida en procesos institucionales, propias —según el fallo— de estructuras corruptas de alta complejidad.

“Estos riesgos no se neutralizan con el simple desplazamiento internacional del imputado”, precisó la jueza en su decisión.

Por esta razón, y pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, el Tribunal optó por una medida más severa y ordenó la reclusión en establecimiento carcelario. La determinación, considerada inusual y no exenta de controversia en el ámbito judicial, motivó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó reconsiderar la prisión intramural en el caso de Ricardo Bonilla, argumentando su condición de persona de la tercera edad.

La defensa de ambos exministros interpuso recurso de apelación, por lo que el expediente será remitido a otra Sala del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si confirma o revoca la medida de aseguramiento. Sin embargo, debido al inicio de la vacancia judicial este viernes 19 de diciembre, se prevé que la decisión de segunda instancia se conozca hasta el mes de enero.