Las comunidades campesinas del municipio de Patía, en el sur del Cauca, manifestaron su preocupación y rechazo frente al anuncio oficial del inicio de operaciones de aspersión terrestre con glifosato, notificadas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para el primer semestre de 2026.
Mediante un oficio fechado el 6 de enero de 2026, la Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Defensa, informó al alcalde municipal de Patía sobre el inicio de operaciones de intervención a cultivos ilícitos en esta jurisdicción, en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT).
La comunicación señala que las acciones se realizarán conforme a la Resolución 01524 de 2016 y al Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Según el documento oficial, las actividades incluirán protocolos ambientales, planes de contingencia y medidas de restauración, y estarán bajo la coordinación de la Dirección de Antinarcóticos. Las autoridades indicaron que el municipio de Patía se encuentra dentro de las zonas priorizadas para estas operaciones durante el semestre en curso.
Tras conocerse la notificación, organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y sectores productivos de la región alertaron sobre los posibles impactos ambientales, sociales y en la salud pública que podría generar el uso de glifosato, incluso cuando se realice mediante nuevas tecnologías como drones.
En respuesta, la Asamblea General de Cordillera convocó a una asamblea urgente para el próximo lunes 19 de enero, a las 9:00 de la mañana, en el corregimiento de La Fonda, con el objetivo de analizar la situación y definir acciones colectivas.
La convocatoria está dirigida a finqueros, campesinos cocaleros, juntas de acción comunal, guardia campesina, comités de salud, derechos humanos, trabajo y transporte, así como a delegados de empresas presentes en el territorio. Los organizadores señalaron que la asistencia es clave para “organizar la defensa del territorio” y exigir alternativas reales de inversión social y productiva en el campo.
Líderes comunitarios han insistido en que las políticas de erradicación deben ir acompañadas de proyectos de sustitución voluntaria, apoyo técnico, acceso a mercados y garantías de derechos, y no centrarse exclusivamente en la fumigación.
“Nuestro ecosistema no se envenena, el campo se transforma”, señala uno de los mensajes centrales de la convocatoria, reflejando el sentir de sectores que consideran que la erradicación forzada profundiza la conflictividad social sin resolver las causas estructurales del problema de los cultivos ilícitos.
