Padres de familia del Centro Educativo Frontino Bajo, ubicado en la vereda Frontino Bajo del municipio de La Sierra, sur del Cauca, denunciaron graves hechos de vandalismo, cierre ilegal de aulas y vulneración de los derechos fundamentales de al menos 25 niños y niñas que cursan educación primaria en esta institución.
Según la denuncia, algunos miembros de la comunidad campesina quienes no hacen parte de la directiva de padres de familia ni están legalmente vinculados a la administración del plantel habrían tomado por la fuerza las instalaciones educativas, cerrando las aulas con candados e impidiendo el ingreso de los estudiantes al inicio del calendario escolar 2026.
Además del cierre arbitrario, se reportaron actos de vandalismo contra la infraestructura, incluyendo daños en edificios y la alteración de símbolos institucionales de la escuela, que no representan ni pertenecen a ninguna organización indígena, como erróneamente se ha señalado. El centro educativo, aclararon los padres, es una institución pública y no está bajo la administración de ningún resguardo indígena ni del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La situación ha generado una profunda preocupación en la comunidad educativa, pues se estarían vulnerando derechos consagrados en la Constitución y en la ley, especialmente el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes, quienes no pueden ser privados de este servicio por acciones de particulares.
Ante estos hechos, los padres de familia realizaron una asamblea que se extendió por más de cuatro horas, en la cual se conformó oficialmente la Junta Directiva de Padres de Familia, la cual anunció acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se investiguen los responsables y se garantice la reapertura inmediata de la escuela.
Asimismo, se denunció una grave omisión institucional por parte del personero municipal de La Sierra, Roger Granda, quien según los denunciantes se habría declarado incompetente frente a la situación, pese a tratarse de una clara vulneración de derechos de menores de edad. De igual forma, los padres expresaron su inconformidad por la falta de pronunciamiento y acciones concretas de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación del municipio.
Para este martes a las 8:00 a. m., está programada una reunión con entidades municipales y departamentales, con la mediación del inspector de Policía, y se espera la presencia de organismos como la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de encontrar una salida institucional que permita la reapertura del plantel y el retorno inmediato de los estudiantes a clases.
No obstante, los padres de familia advierten que el diálogo se torna complejo debido a las exigencias que consideran desproporcionadas e improcedentes por parte de quienes mantienen cerrada la escuela, quienes no han presentado solicitudes formales ante ninguna entidad competente.
La comunidad educativa de Frontino Bajo hizo un llamado urgente al Estado para que asuma su responsabilidad, restablezca el orden institucional y garantice que los niños y niñas puedan ejercer su derecho a una educación digna, continua y libre de conflictos ajenos a la escuela.
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