La jornada fue liderada por el Instituto de Bienestar Bienestar Familiar (ICBF), junto a 22 entidades del Gobierno nacional, departamental y municipal, con el apoyo de la guardia campesina e indígena Barí y organismos internacionales, para acompañar a comunidades confinadas, desplazadas y afectadas por enfrentamientos armados.

En total, 216 personas fueron atendidas en sus territorios: 64 niñas, 65 niños y 59 menores de 3 años con sus cuidadoras, además de 19 liderazgos comunitarios y 9 familias priorizadas.

Estas últimas recibieron orientación frente a riesgos como reclutamiento forzado, violencia intrafamiliar o sexual, intentos de suicidio, desescolarización y desatención alimentaria.

La intervención incluyó instalación de Puntos de Atención, activación de rutas de protección y acompañamiento directo en terreno.La operación articuló entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los ministerios de Salud, Interior, Igualdad y Equidad, y de las Culturas, las Artes y los Saberes, así como la Unidad para las Víctimas (UARIV), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Iglesia Católica y cooperación internacional.

Con un equipo interdisciplinario de 12 profesionales, el ICBF llegó al territorio para ofrecer una atención integral. La intervención no se limitó a la asistencia técnica; se enfocó en cuatro frentes críticos: psicosocial, nutrición, primera infancia y defensoría.

Impacto y gestión

Más allá de los trámites, el equipo implementó estrategias pedagógicas y artísticas diseñadas para que la comunidad pueda procesar y manejar emociones en contextos de crisis. Paralelamente, se realizó un seguimiento nutricional riguroso a niños y niñas menores de 3 años, brindando herramientas y orientación directa a sus cuidadores.

De este modo, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso técnico y operativo en el Catatumbo. Mediante un enfoque territorial y acciones coordinadas, se garantiza la protección integral de la niñez y el acompañamiento sostenido a las comunidades afectadas por el conflicto. La gestión institucional continúa con la ejecución de la hoja de ruta establecida, asegurando la prevalencia de los derechos en el territorio.