Este miércoles 6 de mayo, en horas de la tarde, se confirmó el asesinato de Mateo Pérez Rueda, comunicador del norte de Antioquia que adelantaba labores periodísticas relacionadas con los recientes enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y tropas del Ejército Nacional.

Pérez Rueda era director del medio regional El Confidente de Yarumal y además cursaba estudios de Ciencias Políticas en la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el martes 5 de mayo sus familiares y allegados habían reportado su desaparición en esta zona del departamento.

Las primeras versiones señalan que el periodista se desplazó hasta la vereda Palmichal, en jurisdicción del municipio de Briceño, con el objetivo de obtener información sobre los combates registrados en la madrugada del lunes 4 de mayo entre integrantes del frente 36 de las disidencias y unidades militares. En medio de esa cobertura habría sido interceptado, retenido y posteriormente asesinado.

Medios de comunicación de esa zona del país conociron el testimonio de habitantes de la zona. Según este relato, Pérez Rueda llegó al corregimiento de Travesías preguntando cómo ingresar hacia Palmichal y buscando contactos comunitarios que le permitieran documentar la situación de orden público derivada de la disputa territorial entre los grupos armados ilegales y el Ejército.

De acuerdo con esa información, el comunicador también se habría comunicado con funcionarios de la Alcaldía de Briceño para solicitar orientación y apoyo en el ingreso a la zona rural. Sin embargo, le recomendaron no movilizarse debido al complejo panorama de seguridad y a las restricciones existentes para transitar por ese sector, advertencia que presuntamente decidió no atender.

Personas cercanas al periodista aseguran que ese tipo de decisiones hacían parte de su personalidad y de su compromiso con el oficio periodístico. En uno de sus escritos publicados en el blog La Lotería en Babilonia dejó plasmada una frase que hoy cobra relevancia: “ahora pertenezco a las calles, donde los humanos pasan sin pretensiones, donde la realidad no miente”.

Según el mismo relato, los hechos habrían ocurrido sobre las 7 de la noche del martes 5 de mayo en la vereda El Hoyo, cerca de Palmichal. Allí habría sido retenido por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc pertenecientes al Estado Mayor Central de alias “Calarcá”. El crimen estaría siendo atribuido a alias “Chalá”, señalado además de promover desplazamientos forzados en esa región.

La fuente consultada indicó además que el periodista habría sido torturado y asesinado delante de miembros de la comunidad. Posteriormente, los hombres armados habrían solicitado una motocicleta para transportar el cuerpo y ordenar su entierro en la misma zona rural.

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja coordinan una misión humanitaria junto con la familia del comunicador para ingresar al municipio de Briceño y verificar lo sucedido.

Mientras tanto, se espera el ingreso de tropas del Ejército Nacional al sector para confirmar oficialmente los hechos y facilitar el acceso de las autoridades judiciales y organismos humanitarios encargados de adelantar las respectivas diligencias.

Otras versiones conocidas indican que la motocicleta del periodista continúa en el corregimiento de Travesías, lugar hasta donde se habría desplazado antes de emprender camino hacia la vereda Palmichal.

El  asesinato de Pérez Rueda no llega sin antecedentes. Hace dos años, el periodista ya había levantado la voz en sus redes sociales para denunciar una serie de presuntos episodios de acoso judicial en su contra, originados por actores políticos y sectores de poder en Yarumal. Según su propio testimonio, estas presiones y ataques no eran hechos aislados, sino que formaban parte de un patrón sistemático que buscaba silenciarlo y restringir su labor informativa.

En aquel momento, Pérez Rueda relató que había sido blanco de tutelas, denuncias y procesos legales que, a su juicio, tenían como objetivo desgastarlo emocional y profesionalmente, con la intención última de forzarlo a retirar publicaciones incómodas para ciertos intereses. Este tipo de maniobras no solo socavaban su libertad para informar, sino que también generaban un clima de intimidación que podía desalentar a otros periodistas a investigar y denunciar actos irregulares.

Además, el comunicador denunció que algunos funcionarios públicos intentaron presionarlo para que revelara sus fuentes, vulnerando uno de los principios fundamentales del periodismo basado en la protección de las confidencialidades. Esta insistencia ponía en riesgo no solo su trabajo, sino también la seguridad de quienes le suministraban información sensible, exponiéndolos a posibles represalias o incluso a peligros mayores.

Ante estas amenazas, Pérez Rueda no se quedó solo. En varias ocasiones recurrió a la Fundación para la Libertad de Prensa, organización que le brindó acompañamiento legal y respaldo moral para hacer frente a estas situaciones adversas. La intervención de esta entidad fue crucial para que el periodista pudiera continuar con su labor, a pesar de las crecientes presiones de los sectores que querían silenciarlo.

Este contexto de hostigamiento previo cobra especial relevancia ahora que se reporta el presunto asesinato de Pérez Rueda, pues evidencia que su caso no es un hecho aislado ni fortuito, sino el desenlace de una escalada de agresiones contra su persona motivadas por su compromiso con la verdad y la transparencia. Su historia pone de relieve la delicada situación que enfrentan muchos periodistas en regiones donde la libertad de prensa está amenazada y la defensa de sus derechos es fundamental para garantizar una sociedad informada y democrática.