Cuatro meses después de realizado el Encuentro de Honda 2026 comenzaron a conocerse públicamente las principales conclusiones que dejó este espacio de análisis sobre la situación política, económica y de seguridad de Colombia. Entre los hallazgos más preocupantes expuestos por los participantes se advirtió que grupos armados ilegales tendrían influencia directa en la elección de congresistas en al menos 168 municipios del país.

El evento, desarrollado entre el 23 y el 25 de enero, fue organizado por la Fundación Acordemos y El Espectador. En el encuentro participaron más de 60 representantes de distintos sectores nacionales, entre ellos gobernadores, alcaldes, magistrados, empresarios, académicos, líderes sociales, indígenas, afrodescendientes, miembros de la Iglesia católica, oficiales retirados y delegados internacionales.

El documento final divulgado por los organizadores señaló que la disputa por el control territorial se convirtió en uno de los principales motores de la confrontación política en varias regiones del país. Según las conclusiones, actualmente las estructuras armadas ilegales encuentran mayores beneficios económicos y de poder participando en procesos electorales locales y legislativos que en actividades tradicionales del narcotráfico.

Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los asistentes fue la presunta penetración de organizaciones criminales en la contratación pública. De acuerdo con el informe, en municipios con presencia de grupos armados se estaría entregando entre el 7 % y el 10 % del valor de contratos de obras públicas como pago obligatorio para permitir su ejecución. Los participantes advirtieron que esta situación evidencia graves fallas institucionales y mecanismos insuficientes de control estatal.

Durante el foro también se analizó el deterioro de las condiciones de seguridad y la expansión de economías ilegales en distintas regiones del país. El economista y premio Nobel 2024 James Robinson, quien participó en la instalación del evento, expuso que en Colombia persiste una relación desigual entre regiones con instituciones fuertes y territorios apartados dominados por estructuras extractivas y actores armados.

Las conclusiones del encuentro señalaron además que el país enfrenta un crecimiento sostenido de cultivos ilícitos y una mayor capacidad de control territorial por parte de grupos ilegales. Los asistentes aseguraron que el debilitamiento institucional, la falta de inversión productiva y el fracaso de varias estrategias estatales han favorecido el fortalecimiento de estas organizaciones en diferentes zonas rurales.

Otro de los temas debatidos fue la relación entre subsidios estatales y desarrollo regional. En el documento se expuso el caso de municipios del Catatumbo, donde, según los participantes, el gasto en programas asistenciales supera ampliamente la inversión productiva. También se cuestionó el modelo actual del Sisbén y se planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de convergencia regional que permita articular esfuerzos entre el Estado, las comunidades y el sector privado.

Finalmente, los participantes coincidieron en que la actual división político-administrativa del país no responde a las necesidades reales de muchos territorios. El informe sostiene que varios municipios carecen de capacidad institucional y de conectividad adecuada para garantizar servicios básicos, situación agravada por la presencia de grupos armados y las dificultades de acceso en zonas apartadas del país.