En los municipios de Linares y Los Andes Sotomayor, ubicados en el departamento de Nariño, se vive una crisis humanitaria profunda debido a intensos enfrentamientos armados entre grupos ilegales.
Estos conflictos, que ya llevan cerca de tres días de duración, han provocado el desplazamiento masivo de más de mil personas, quienes han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en las cabeceras municipales, ante el temor constante de quedar atrapados en el fuego cruzado.
Las zonas rurales afectadas, especialmente en sectores como La Cocha, Tambillo de Bravos y Parapetos, han sido epicentro de estos combates violentos que han alterado de manera significativa la vida cotidiana de las comunidades campesinas.
Según relatos de autoridades locales y de los propios habitantes, la intensidad de los enfrentamientos ha obligado a numerosas familias a dejar atrás sus pertenencias y medios de vida, desplazándose hacia lugares considerados relativamente seguros donde han instalado albergues improvisados.
Entre los desplazados se encuentran poblaciones vulnerables, como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes enfrentan condiciones precarias y dependen de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades básicas. La falta de recursos adecuados en los refugios temporales añade una complejidad mayor a la situación, generando urgencia en la provisión de insumos esenciales como colchonetas, cobijas, alimentos y atención médica especializada.
Además del enfrentamiento armado, las comunidades han denunciado la posible instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos en caminos rurales que conectan los territorios afectados con las cabeceras municipales. Esta alarmante situación no solo representa un peligro inminente para la vida y seguridad de los habitantes, sino que también dificulta la movilidad y el acceso para la entrega de ayuda humanitaria. La presencia de estos dispositivos pone en riesgo la supervivencia de quienes desean regresar a sus hogares y limita la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de brindar asistencia.
Frente a esta realidad, los damnificados hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que fortalezcan la presencia de la Fuerza Pública en la región y garanticen la seguridad necesaria para detener la violencia. La exigencia incluye, además, la intervención inmediata de organismos humanitarios y de la Defensoría del Pueblo, con el fin de supervisar la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada y coordinar acciones que mitiguen el impacto de este conflicto
Las organizaciones sociales y comunitarias también han manifestado su preocupación por la prolongación de los enfrentamientos, ya que cada día que pasa aumenta la vulnerabilidad de miles de personas que han sido desplazadas y que aún carecen de soluciones definitivas a esta situación.
