Habían pasado tres días desde los terremotos que sacudieron Venezuela, pero para los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos no había tiempo ni cabeza para pensar en la migra.

El desastre natural había dejado miles de muertos, heridos y desaparecidos en su país, mientras que en suelo estadounidense, ellos seguían huyendo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, enfrentándose a arrestos, procesos judiciales y deportaciones.

El sábado 27 de junio, justo al mediodía, un grupo de repartidores de comida venezolanos se reunió para almorzar en su restaurante habitual en Washington D.C. Sin embargo, el ICE irrumpió sin importar el duelo o la tragedia y los detuvo a todos. Una testigo, que pidió anonimato, expresó su miedo: «Este trabajo es nuestro medio de vida. Nosotros estamos mandando mucha ayuda a Venezuela con nuestros salarios».

Ni siquiera la magnitud del desastre natural logró detener la intención del Gobierno de Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación en la historia. Nelson Contreras, de 35 años, quien había llegado a Estados Unidos en 2022, vivía con la constante preocupación por su chequeo migratorio.

Pero al conocer los videos que mostraban la devastación en Caracas y La Guaira, lugares muy golpeados por el terremoto, su tristeza y angustia por su país comenzaron a reemplazar el temor por su situación migratoria. Contreras, que apenas había contraído matrimonio con Ariel Whaley una semana antes, acudió a una cita con los oficiales de inmigración el jueves previo, permaneciendo dos horas con ellos y recibiendo la indicación de regresar el sábado. Después de esa cita, mientras trabajaba en una despensa en Maryland, llamó a su esposa y, temiendo que sería la última vez que la vería, le pidió que grabara una captura de pantalla de ambos. Poco después, el ICE lo detuvo y hoy está recluido en Pensilvania esperando la decisión judicial.

El miedo de Whaley a la deportación de su marido viene desde antes: “Desde el arresto de Maduro el 3 de enero, he vivido aterrorizada”, dice, refiriéndose a la captura del presidente venezolano por parte del ejército estadounidense, que marcó un punto álgido en la crisis política. La emergencia humanitaria, ya grave, se agravó aún más con el terremoto, evidenciando la incapacidad del gobierno venezolano para responder eficazmente a las necesidades de la población. Whaley teme profundamente que su esposo o cualquier otro venezolano sea retornado en medio de esta catástrofe, cuando el país se encuentra sumido en confusión, dolor y destrucción.

En solo una semana desde los peores temblores en más de un siglo, las autoridades venezolanas reportan más de 2.000 muertos y sobre 4.000 desaparecidos. La naturaleza golpeó con fuerza a un país que ya sufría una prolongada crisis económica, corrupción, represión y deterioro social. Estas circunstancias fueron las que impulsaron la emigración de 1,2 millones de venezolanos hacia Estados Unidos en la última década, buscando mejores oportunidades. Ahora, el sismo ha evidenciado nuevamente por qué muchos huyeron y por qué no pueden regresar: apagones que dificultan las labores de rescate, un sistema sanitario colapsado, falta de combustible para maquinaria vital y amenazas a quienes denuncian la ineptitud del régimen.

Mientras tanto, la Administración de Donald Trump mantiene su firme postura contra la migración ilegal venezolana. En 2019, deportó a casi 14.000 venezolanos y mantiene a unos 6.000 detenidos en centros de detención de EE. UU. El 24 de junio, día del terremoto, un vuelo de deportación salió de Texas con 147 personas. La mayoría de ellas falleció tras el derrumbe de un hotel donde las autoridades chavistas los estaban procesando en Caracas. Ese mismo día, otro grupo fue preparado para ser deportado desde el centro de detención en Dilley, Texas, pero fue retenido debido a la emergencia.

A pesar del dolor y la incertidumbre, los migrantes venezolanos en Estados Unidos se cuestionan: si son atrapados por el ICE, ¿a qué país serán enviados? ¿Cómo podrán ayudar a sus familias si los deportan a un país devastado? Yonatan Matheus, solicitante de asilo en Nueva York, siente que no hay distancia que lo proteja del sufrimiento. Ha visto las imágenes del desastre y cómo familiares y personas cercanas han perdido sus hogares o incluso la vida. “Es una sensación muy difícil de explicar: quieres estar ahí para ayudar, pero no puedes”, afirma. Además, persiste la espera de una residencia legal para sentirse seguro en EE. UU. y evitar temer perder la protección internacional que les reconoce el derecho humanitario.

En momentos de emergencia como esta, es fundamental evaluar todas las medidas humanitarias que protejan a los venezolanos y garantizar que nadie sea obligado a regresar a un país sumido en la peor crisis de su historia reciente. El drama de estos migrantes no solo refleja su lucha personal, sino también la tragedia nacional que los obliga a buscar refugio lejos de casa, sin certezas ni esperanza clara para el futuro cercano.