El operador judicial compulsó copias al Congreso para que investigue si el mandatario ha incurrido en alguna falta penal al burlarse de personas detenidas, antes de ser presentados ante un juez de control de garantĆas.
Las capturas de Henry Sneyder Herrón Serna y NĆ©ider Yesid UƱates López fueron declaradas legales en MedellĆn. La decisión, sin embargo, no zanjó lo ocurrido ante las cĆ”maras. El juez municipal de control de garantĆas que avaló las detenciones remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la CĆ”mara de Representantes para que examine el trato que el presidente Abelardo de la Espriella les dio a los detenidos en las grabaciones. Es el primer cuestionamiento judicial a una prĆ”ctica que el mandatario ha repetido en varios operativos.
El juez tambiĆ©n pidió la intervención de la ProcuradurĆa. Quiere que se establezca si hubo faltas disciplinarias y que, de ser necesario, se identifique a quienes autorizaron, organizaron o llevaron a cabo la exhibición de los detenidos ante los medios de comunicación en MonterĆa. Mientras la comisión de la CĆ”mara tiene competencia para examinar la conducta del jefe de Estado, la solicitud a la ProcuradurĆa apunta a esclarecer el papel de los demĆ”s servidores pĆŗblicos. El juez recordó que el derecho constitucional a la dignidad humana no se pierde con una captura.
De la Espriella cuida al detalle lo que comunica y ha cultivado en redes la imagen de un presidente en permanente actividad. Las detenciones le han servido para mostrar una polĆtica de mano dura contra la delincuencia. Aunque los operativos los ejecuta la fuerza pĆŗblica, el protagonista de las grabaciones es el mandatario: aparece con prendas militares o policiales, encara a los capturados, se burla de ellos y suele cerrar con la misma frase: Ā«Bienvenido a la patria milagroĀ». Los videos ganan alcance en cuentas afines al presidente y varios medios nacionales terminan reproduciĆ©ndolos como noticias.
Una de esas grabaciones muestra a UƱates López, conocido como Ā«Primo GayĀ», detenido el sĆ”bado y seƱalado como mando medio de las disidencias de las FARC en Antioquia. Se le atribuyen homicidios de lĆderes sociales y delitos contra soldados y policĆas. TambiĆ©n se lo vincula con el asesinato del joven periodista Mateo PĆ©rez Rueda, ocurrido en mayo en el municipio de BriceƱo. Al momento de la captura, UƱates no tenĆa ninguna sentencia condenatoria en su contra.
En el video, De la Espriella aparece con los brazos cruzados, rodeado por cerca de diez integrantes de la fuerza pĆŗblica. Le dice a UƱates que habĆa que capturarlo, lo llama Ā«bandido miserableĀ» y lo presenta ante la cĆ”mara como Ā«porquerĆaĀ». Uno de los integrantes de la fuerza pĆŗblica interviene para atribuirle el secuestro, la tortura y el homicidio de PĆ©rez Rueda. El presidente responde: Ā«Miserable asesino despreciableĀ». Entre los calificativos que usó para referirse a UƱates tambiĆ©n figura el de Ā«rataĀ».
El martes, la oficina de comunicaciones de la Presidencia difundió un comunicado en respaldo de De la Espriella. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, salió en su defensa desde la cuenta institucional de esa cartera. En la publicación llamó Ā«terroristaĀ» a UƱates y preguntó, con ironĆa, si el presidente debĆa tratarlo de Ā«respetado ciudadano, su excelencia o su seƱorĆaĀ». Para los penalistas, sin embargo, el punto no es quĆ© fórmula de cortesĆa debe usar el mandatario, sino si una autoridad puede presentar como culpable a alguien que no ha sido condenado.
Ćngela MarĆa Buitrago, abogada penalista y exministra de Justicia, seƱala que el presidente, como mĆ”xima autoridad del paĆs, tiene la obligación de garantizar la dignidad humana, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oĆda en juicio. Sostiene, ademĆ”s, que en Colombia no estĆ” permitido exhibir a un detenido ante los medios si no existe una condena en firme. La gravedad de los seƱalamientos no modifica esa obligación: atribuirle a alguien un homicidio, un secuestro o una desaparición no justifica que un funcionario lo humille.
Buitrago distingue entre informar sobre un delito probado en juicio y usar una condena para descalificar a quien lo cometió. Durante el trÔmite de extradición de Giovanny Andrés Rojas, alias «Araña», De la Espriella lo llamó «bandido». A diferencia de Uñates, Rojas sà tiene sentencias en su contra. La exministra explica que, si hay un fallo en firme por homicidio, se puede afirmar que la persona cometió ese delito. Eso no da licencia para llamarla «payaso» o «basura», expresiones que, a su juicio, deshumanizan en lugar de informar sobre la situación judicial del detenido.
La grabación tambiĆ©n puede afectar el tiempo que transcurre entre la captura y la presentación ante el juez. Cuando el EjĆ©rcito, la PolicĆa o el CTI detienen a una persona, deben ponerla a disposición de un juez de control de garantĆas en el menor tiempo posible. Si las autoridades esperan a que De la Espriella llegue al lugar y grabe su intervención, ese paso puede demorarse. Buitrago advierte que producir un video para las redes presidenciales no es una razón vĆ”lida para aplazar el traslado. Si hubo una demora, las autoridades deben explicar ante el juez a quĆ© obedeció.
El penalista Juan David Bazzani advierte que los insultos y las condenas anticipadas pueden tener consecuencias para el propio proceso. Exhibir a un detenido con calificativos despectivos o hablar de Ć©l como si ya hubiera sido condenado afecta su dignidad y su presunción de inocencia. AdemĆ”s, la forma en que se realiza la captura puede dar pie a que la defensa cuestione su legalidad. Si ese reclamo prospera, explica el abogado, la persona a la que se pretendĆa judicializar podrĆa quedar en libertad, incluso si tiene antecedentes penales.
SegĆŗn informó Caracol Radio, el juez de MedellĆn llegó a considerar la posibilidad de declarar ilegales las capturas de Herrón Serna y UƱates López por los videos con insultos que difundió el presidente. Finalmente avaló ambas detenciones, aunque las defensas aĆŗn podrĆan alegar alguna irregularidad de trĆ”mite para solicitar la libertad de sus representados. El examen de la legalidad de los arrestos es distinto del que el juez pidió a la CĆ”mara y a la ProcuradurĆa sobre la conducta de quienes intervinieron en la exhibición.
Los lĆmites seƱalados por los penalistas no se agotan en la Constitución colombiana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolĆticos, de los que Colombia es parte, protegen la presunción de inocencia y el derecho a un trato digno de toda persona privada de la libertad. Las Reglas Mandela, adoptadas por la ONU, aƱaden estĆ”ndares mĆnimos de trato que deben aplicarse sin distinción. La jurisprudencia interamericana tambiĆ©n ha advertido que las autoridades no deben presentar a una persona acusada como culpable antes de que un juez establezca su responsabilidad. Buitrago resume ese lĆmite en una frase: Ā«La justicia no puede ser vengativaĀ».


