Un nuevo hecho de violencia encendió las alertas sobre la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz en el sur del Cauca, luego de que integrantes de un esquema colectivo de protección denunciaran un ataque armado ocurrido en zona rural del municipio de El Bordo, en jurisdicción de El Patía.

Según información entregada por voceros de la Cooperativa Ecomún Multiactiva Agroforestal Santa Clara, los afectados se desplazaban en un vehículo con destino a Popayán para cumplir compromisos laborales y administrativos. Durante el trayecto, hombres armados intentaron obligarlos a detenerse. Ante el riesgo, los ocupantes decidieron continuar su marcha, lo que provocó que los atacantes abrieran fuego contra el automotor.

Los integrantes del esquema de seguridad lograron salir ilesos del atentado y se dirigieron rápidamente hacia el casco urbano de la población, donde buscaron resguardo en la estación de Policía. Entre los ocupantes del vehículo se encontraba un firmante del acuerdo de paz vinculado a proyectos productivos y un funcionario adscrito a la Unidad Nacional de Protección.

Tras reportar lo ocurrido ante las autoridades, el grupo retomó su desplazamiento hacia la capital caucana, escoltado por uniformados en parte del recorrido sobre la vía Panamericana. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre los excombatientes que avanzan en su proceso de reincorporación en municipios del suroccidente del departamento.

De acuerdo con líderes de estos procesos, el ataque se suma a otros episodios recientes registrados en el municipio de Argelia, donde firmantes del acuerdo desarrollan iniciativas económicas como proyectos piscícolas y agrícolas. Para ellos, estos hechos reflejan debilidades en las medidas de seguridad que deberían garantizar su permanencia en la legalidad.

Voceros de las comunidades señalaron que, pese a las órdenes emitidas por la Justicia Especial para la Paz para fortalecer los mecanismos de protección, aún persisten riesgos en los territorios donde se adelantan programas de reincorporación.

Los firmantes reiteraron su intención de continuar trabajando en proyectos productivos y comunitarios, al tiempo que insistieron en la necesidad de que el Estado refuerce las acciones que permitan salvaguardar la vida de quienes apostaron por dejar las armas y construir procesos de desarrollo en sus regiones.