El Consejo Comunitario de La Florida, bajo el liderazgo de su representante legal Brayan David Castillo Bermúdez, se ha unido a otros consejos comunitarios del municipio de Patía para exigir a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el respeto y la garantía de sus derechos territoriales, consagrados en la Ley 70 de 1993.

La principal preocupación de las comunidades afrodescendientes se centra en la protección de las fincas Cuernavaca y Puerto Rico, predios de alto valor histórico, cultural y social para los Consejos Comunitarios de La Florida. Estas tierras han sido objeto de disputa y actualmente se encuentran en el centro de un proceso de adjudicación impulsado por la Procuraduría Departamental del Cauca, que ha instado a la ANT a entregarlas a la organización campesina CIMA.

Esta decisión ha generado preocupación entre los miembros del Consejo Comunitario, quienes temen que se vulneren los derechos territoriales colectivos de la comunidad afrodescendiente reconocidos legalmente. La Ley 70 de 1993 establece mecanismos para la protección de los territorios de las comunidades negras, promoviendo su autonomía, identidad cultural y el derecho a una vida digna en sus espacios ancestrales.

«Nuestro llamado es a que la Agencia Nacional de Tierras respete nuestros derechos como comunidad étnica y se abstenga de realizar adjudicaciones que desconozcan nuestra historia, permanencia y lucha por el territorio», expresó Castillo Bermúdez.

El movimiento de resistencia pacífica liderado por estos consejos comunitarios busca frenar decisiones administrativas que, según denuncian, no han sido consultadas ni concertadas con las comunidades directamente afectadas.

Mientras continúa el proceso, las organizaciones afrodescendientes del Patía reiteran su compromiso con la defensa del territorio, el respeto por sus derechos colectivos y la búsqueda de soluciones justas a través del diálogo y el marco legal vigente.