La Contraloría General del Departamento del Cauca ha lanzado una herramienta digital que busca fortalecer el control ciudadano y la transparencia en la gestión pública. Se trata de un mapa interactivo que permite conocer el valor de los recursos públicos que actualmente están siendo objeto de investigación fiscal en cada uno de los municipios del Cauca, con corte al 31 de diciembre de 2024.
Este instrumento hace parte del informe anual de los Procesos de Responsabilidad Fiscal (PRF) que se encuentran en trámite por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Las investigaciones derivan de auditorías realizadas durante la vigencia 2023 a diferentes entes municipales y buscan establecer la posible responsabilidad de servidores públicos y contratistas en el manejo inadecuado de los recursos del Estado.
Entre las irregularidades más comunes identificadas por el ente de control se destacan:
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Pago de intereses moratorios por incumplimiento en obligaciones contractuales y administrativas. El municipio de Patía, por ejemplo, figura con un presunto detrimento superior a los $3.000 millones, producto de pagos adicionales por intereses moratorios a entidades como la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Transporte, así como por sanciones relacionadas con vertimientos líquidos.
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Irregularidades en la ejecución de contratos. En varios municipios se detectaron sobrecostos, pagos sin respaldo de ejecución, y procesos de contratación con posibles vicios de legalidad. Uno de los casos más representativos se encuentra en el municipio de Timbiquí, donde los procesos fiscales superan también los $3.000 millones, asociados a contratos de obra pública y suministro de combustible.
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Anomalías en convenios interadministrativos y de cooperación. La Contraloría evidenció manejos inadecuados de estos convenios, comprometiendo la destinación correcta de los recursos públicos y afectando su propósito original.
El nuevo mapa interactivo, disponible en la plataforma de la Contraloría del Cauca, permite a los ciudadanos hacer seguimiento detallado de cada caso. Al posicionarse sobre el marcador de cada municipio, se despliega el valor aproximado del presunto detrimento patrimonial y una breve descripción del origen de las irregularidades.
