Los habitantes de las veredas La Soledad, Párraga Viejo, Santa Clara y Chontaduro del municipio de Rosas, Cauca, afectados por el deslizamiento de tierra del 9 de enero de 2023, han decidido iniciar un bloqueo indefinido de la vía nacional a partir del 29 de julio, en protesta por el incumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno Nacional.

El presidente Gustavo Petro, quien visitó la zona del desastre el 12 de enero de 2023, había prometido el reasentamiento de las 264 familias damnificadas. Los compromisos incluían la compra de predios en un plazo de 15 días, la entrega de diez hectáreas de tierra por familia, la construcción de viviendas dignas y el desarrollo de proyectos productivos. No obstante, a más de un año del suceso, estas promesas no se han materializado.

Pese a los múltiples acuerdos alcanzados en mesas de concertación y bloqueos previos, donde participaron altos funcionarios como el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Carlos Carrillo, no se han visto avances significativos en el proceso de reasentamiento.

Los damnificados denuncian que la corrupción y los constantes cambios en la dirección de la UNGRD han obstaculizado los esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos. Hoy, ninguna de las 264 familias ha sido reasentada y muchos no han recibido el subsidio de arrendamiento ni las ayudas humanitarias necesarias.

Cansados de la falta de acción y el abandono estatal, los damnificados han optado por bloquear la vía nacional de manera indefinida. Exigen la certificación firmada de los pagos de las fincas, la formalización de documentos o convenios entre las entidades responsables de la construcción de viviendas y la activación de proyectos productivos.

Los damnificados hacen un llamado urgente al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, así como a otras entidades como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, para que se tomen acciones inmediatas en la compra de predios y la construcción de viviendas.