En el municipio de Patía, sur del departamento del Cauca, continúan creciendo las inquietudes frente al manejo de recursos relacionados con rifas y recaudo de impuestos, en un caso que comprometería más de 109 millones de pesos y que hoy genera cuestionamientos sobre los controles administrativos aplicados por la Secretaría de Gobierno municipal.

La denuncia fue realizada públicamente en sesión plenaria del Concejo Municipal de Patía por Lorena Urbano, empresaria de rifas en el municipio, quien expuso una serie de argumentos y soportes documentales con los que busca evidenciar presuntas inconsistencias en los procesos de autorización, recaudo tributario y control de varias rifas desarrolladas en el territorio.

De acuerdo con la información presentada y documentos que han sido objeto de revisión, existirían posibles diferencias entre los registros de sellamiento de rifas, el pago de los impuestos correspondientes y la entrega de premios, procesos que presuntamente habrían sido ejecutados con soportes internos que no reflejaría una trazabilidad completa dentro del procedimiento administrativo.

El centro de la controversia recae sobre la gestión del secretario de Gobierno, dependencia que tendría bajo su responsabilidad la supervisión y control de este tipo de actividades autorizadas en el municipio.

Las dudas se concentran especialmente en la falta de claridad frente al ingreso real de los recursos, la verificación del recaudo tributario y los mecanismos de control institucional utilizados para garantizar la legalidad y transparencia de estos procedimientos.

Uno de los principales interrogantes que hoy permanece sin respuesta pública suficiente tiene que ver con la entrega de los premios. Según lo expuesto durante la plenaria, algunos premios sí habrían sido entregados; sin embargo, no existiría una correspondencia clara con los registros de impuestos y recaudos, situación que ha despertado cuestionamientos sobre qué entidad realizó el control efectivo de estos recursos y bajo qué criterios se permitió la ejecución de las rifas.

A este panorama se suma la preocupación por las aparentes debilidades en los mecanismos de seguimiento administrativo, especialmente en procesos que involucran recursos de carácter tributario o dineros que deben estar sujetos a vigilancia institucional.

Sectores consultados en el entorno administrativo consideran que el caso requiere una revisión detallada por parte de los entes de control, con el fin de establecer si existieron fallas en la supervisión, omisiones en los procedimientos o posibles responsabilidades individuales dentro de la cadena de autorización y ejecución.

Mientras no se entregue una versión oficial acompañada de soportes verificables, el episodio continúa generando dudas entre la ciudadanía sobre la transparencia en el manejo de los recursos y la efectividad de los controles internos, en un escenario donde la comunidad exige claridad sobre el destino de más de 109 millones de pesos y sobre la forma en que fueron administrados dichos recursos.