Luego de no lograrse un acuerdo entre empresarios, trabajadores y Gobierno, el presidente Gustavo Petro decidió fijar por decreto el aumento del salario mínimo para 2026, el cual será del 23 %. Con esta decisión, el salario mínimo legal vigente a partir del primero de enero quedará en COP 1.750.905, mientras que el auxilio de transporte —obligatorio para quienes devengan hasta dos salarios mínimos— se estableció en COP 249.095.

En comparación con lo que recibieron los trabajadores durante 2025, el nuevo salario representa un incremento de COP 327.405, mientras que el auxilio de transporte aumentará en COP 49.095. De esta manera, el ingreso total mensual de quienes reciben ambos conceptos tendrá un alza significativa frente al año anterior.

Durante la alocución en la que anunció la decisión, el presidente Petro sostuvo que el aumento del salario mínimo tiene un efecto positivo sobre la economía. “El incremento del salario mínimo permite que aumente la demanda, lo cual beneficia a los negocios. Esto es un factor de crecimiento económico. Las empresas venden más y obtienen mayores ingresos. No es un costo, es una inversión en el ser humano que crea riqueza a través de su trabajo”, afirmó el mandatario.

Para definir el porcentaje del incremento, el jefe de Estado explicó que se tuvieron en cuenta tres elementos fundamentales: la inflación, la productividad y un componente adicional relacionado con el concepto de salario mínimo vital. Este último, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), corresponde a un ingreso que garantiza un acceso real a la canasta básica familiar.

Según los cálculos del Gobierno, para un hogar conformado por cuatro personas, el salario mínimo vital debería ubicarse en COP 3 millones durante 2025. Para 2026, el Ejecutivo consideró que un ingreso cercano a los COP 2.000.000 representa un avance hacia ese objetivo, teniendo en cuenta que, en promedio, cada hogar cuenta con 1,5 personas que generan ingresos laborales.

La Ley 278 de 1996 establece que el incremento del salario mínimo debe ser producto de un proceso de concertación entre empleadores, trabajadores y el Gobierno, a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

En dicha mesa participan los principales gremios empresariales —entre ellos Fenalco, la Andi, ACOPI y la SAC—, las centrales obreras CUT, CGT y CTC, así como el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio del Trabajo.

Desde septiembre, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, había anticipado que no participaría activamente en la mesa de concertación, al considerar que no existían condiciones para llegar a un acuerdo. Según su postura, el Gobierno buscaba impulsar un incremento elevado, de al menos 11 %, lo que alejaba la posibilidad de consenso frente a la cifra planteada por los gremios, calculada principalmente con base en la inflación y la productividad.

Pese a ese escenario, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en que la responsabilidad legal de adelantar el proceso recaía sobre su cartera, por lo que convocó formalmente a la comisión para intentar alcanzar un acuerdo.

Durante las discusiones, las centrales obreras propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. De haberse acogido esta propuesta, el salario habría pasado a COP 1.651.260, lo que representaba un incremento de COP 227.760, mientras que el auxilio habría subido a COP 232.000, es decir, COP 32.000 adicionales. En conjunto, el ingreso mensual de los trabajadores habría llegado a COP 1.883.260.

Las organizaciones sindicales sustentaron su planteamiento en varios argumentos. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que el aumento del 16 % se apoyaba, en parte, en un informe reciente de la OIT que advierte una brecha cercana a los 50 puntos porcentuales entre el ingreso de quienes ganan el salario mínimo en Colombia y el denominado salario mínimo vital y móvil, entendido como aquel que permite cubrir adecuadamente las necesidades básicas de una familia.

El ministro Sanguino había señalado semanas atrás que este salario vital debería ubicarse en torno a los COP 3 millones para un hogar de cuatro integrantes. Arias agregó que otro componente del aumento propuesto buscaba compensar una “deuda histórica” acumulada durante las últimas dos décadas, periodo en el cual —según las centrales— no se ha reconocido plenamente el aporte de los trabajadores al crecimiento de la productividad.

De acuerdo con los cálculos de los sindicatos, existe un rezago cercano a los 50 puntos porcentuales en el salario mínimo, lo que significa que actualmente este ingreso equivale apenas a la mitad de lo que debería ser si se hubiera reflejado adecuadamente el aporte laboral al desarrollo económico.

En contraste, la propuesta presentada por los gremios empresariales se ubicó muy por debajo de la planteada por las centrales. Organizaciones como la ANDI, ACOPI y la SAC propusieron un incremento del 7,21 %. Con este ajuste, el salario mínimo habría aumentado COP 102.634, quedando en COP 1.526.134, mientras que el auxilio de transporte habría subido COP 14.420, hasta ubicarse en COP 214.420. En ese escenario, el ingreso mensual total habría sido de COP 1.740.554.

La diferencia entre las propuestas de trabajadores y empresarios fue de COP 142.706, distancia que impidió cualquier acercamiento. Los gremios también sustentaron su postura con argumentos técnicos. La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), María Elena Ospina, explicó que el cálculo del 7,21 % se basó en la inflación observada del 5,3 %, la Productividad Total de los Factores (PTF), estimada en 0,91 %, y un adicional de 100 puntos básicos como ganancia real.

Ospina señaló además que, si se tiene en cuenta que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en el país devengan un salario mínimo, la propuesta empresarial buscaba ser responsable tanto con las empresas como con los trabajadores. Advirtió que muchos cobros, tarifas y servicios están indexados a este ingreso, por lo que un incremento elevado podría presionar el costo de vida y acelerar los niveles de carestía.

El 15 de diciembre, fecha límite establecida por la ley para alcanzar un acuerdo, llegó sin que se lograra consenso entre las partes. En los días posteriores, el ministro Sanguino intentó acercar posiciones mediante reuniones bilaterales y el análisis de las salvedades presentadas, pero estos esfuerzos no lograron destrabar la negociación.

Ante la falta de concertación, y tal como lo establece la normativa vigente, la facultad de definir el incremento del salario mínimo recayó en el presidente de la República. De esta manera, Gustavo Petro decretó por tercer año consecutivo el aumento del salario mínimo, fijando para 2026 un incremento del 23 %, decisión que vuelve a abrir el debate nacional sobre el rumbo de la política salarial y su impacto en la economía del país.