El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reafirmado su compromiso con una ambiciosa propuesta política: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de 1991. Esta iniciativa busca transformar aspectos fundamentales del marco legal del país con el fin de implementar reformas sociales que hasta ahora han sido bloqueadas en el Congreso, además de modificar el sistema político para erradicar la corrupción que afecta a Colombia.
Petro subraya que no se trata de cambiar toda la Constitución, a la cual considera “democrática y favorable a una Colombia mejor”. Su propuesta está centrada en añadir dos capítulos cruciales al texto constitucional actual. El primero se enfoca en las reformas sociales que el Congreso no ha aprobado, y el segundo en la lucha contra la corrupción, un mal crónico que, según el mandatario, debe dejarse definitivamente atrás.
En sus propias palabras, Petro explicó: “Estamos hablando de añadirle a la Constitución actual dos grandes capítulos: el capítulo de las reformas sociales, que no dejaron hacer en el Congreso de la República, y el capítulo de la lucha anticorrupción, para que esa sea una enfermedad que definitivamente venzamos y dejemos en el pasado.” Esta interpretación deja claro que el propósito no es un cambio radical sino una mejora sustancial y específica que responda a las demandas sociales y políticas sentidas por la población.
El presidente enfatiza que la reforma debe tener dos objetivos clave: aprobar las reformas sociales en favor del pueblo – aquellas que no fueron aceptadas en los últimos cuatro años – y transformar el sistema político colombiano para que deje de ser generador de corrupción, pasando a beneficiar realmente al interés general del pueblo. Esta perspectiva conecta directamente con la necesidad urgente de confianza e integridad en las instituciones públicas.
Un ejemplo concreto que el mandatario destacó fue la reforma pensional. Para Petro, es vital que los trabajadores, especialmente aquellos con largas trayectorias laborales, tengan garantizado su derecho a pensionarse y disfrutar de una vejez tranquila y digna. “Que al pasar de los años y lograr permanecer en el trabajo, pueda pensionarse y morir de viejo, tranquilo y alegre incluso”, expresó. Este planteamiento permite dimensionar el carácter social y humanista que persigue la iniciativa.
Para avanzar en esta reforma constitucional, Gustavo Petro hace un llamado directo a los ciudadanos para que respalden la propuesta con sus firmas. Según explica, solo mediante una Asamblea Nacional Constituyente será posible realizar estos cambios fundamentales. Por eso, ha impulsado la conformación de comités en todo el país para la recolección de firmas, apuntando a conseguir 2,5 millones de apoyos válidos. Este número es esencial para que el próximo Congreso – electo el 8 de marzo y que tomará posesión el 20 de julio – convoque formalmente al pueblo a una consulta sobre la constitución de dicha asamblea.
El presidente insiste en que este proceso no es una cuestión para “el siglo entrante”, sino una acción urgente que debe concretarse antes de que termine el año en curso. Asegura que las reformas garantizan derechos fundamentales ordenados ya en la Constitución de 1991, pero que necesitan ser efectivamente aprobadas y aplicadas: “es orden del pueblo”, afirma.
Además, Petro destacó la importancia de que los ciudadanos se conviertan en protagonistas activos de este proceso. La convocatoria a integrar comités por la Constituyente en todos los municipios apunta a democratizar la iniciativa y a crear un movimiento popular amplio y diverso que impulse la transformación política y social.
En síntesis, la propuesta del presidente Gustavo Petro responde a una visión de renovación constitucional que busca superar bloqueos legislativos y combatir la corrupción endémica. Al añadir los dos capítulos propuestos, se espera fortalecer los derechos sociales y mejorar la gobernanza política en beneficio directo del pueblo colombiano. La invitación a la ciudadanía a participar firmando y organizándose representa un llamado a la movilización democrática en un momento clave para el país.
Este proceso, de consolidarse, marcaría un hito en la historia política de Colombia, permitiendo que los cambios profundos y deseados por amplios sectores sociales se materialicen mediante un mecanismo pacífico y constitucionalmente legítimo. La expectativa está ahora en la respuesta popular y en la capacidad del próximo Congreso para interpretar esa voluntad y convocar, finalmente, a la Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Petro propone como motor de cambio y esperanza para el país.
