De acuerdo a la información de carácter institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), asciende a 21 el número de sanciones en firme proferidas en contra de operadores encargados de garantizar los derechos a niños, niñas y adolescentes en varias regiones del País.

Es de resaltar que desde que asumió Astrid Cáceres Cárdenas la dirección general de Bienestar Familiar, en el marco de la ejecución de la estrategia de la lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo, el Instituto ICBF ha adoptado esta clase de decisiones administrativas, entre otros contra los operadores de los servicios de primera infancia y protección.

Después de agotar las etapas del proceso sancionatorio, garantizando el debido proceso y la defensa, se profirieron las referidas sanciones.

Finalmente, la Directora General del ICBF, reitero que aquellos operadores que no sean considerados idóneos para prestar el servicio de bienestar familiar no continuaran trabajando con la entidad y de esta manera, se pretende que la atención se brinde de manera correcta y los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean garantizados.

Desde la ciudadanía y la Institucionalidad se hace necesario un mayor ejercicio de las veedurías y comités del control social para que ejerzan la vigilancia preventiva y posterior proceso de gestión haciendo recomendaciones ante las entidades que ejecutan los programas, y los organismos de control del estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de contratitas y funcionarios públicos.