Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió un proceso de seis meses contra el mandatario por supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente una investigación contra el presidente Gustavo Petro por las denuncias que señalan la presunta entrada de fondos ilegales a su campaña presidencial en 2022. El caso gira en torno a unos audios en los que el extraditado Andrés Felipe Marín, conocido como Pipe Tuluá, afirma haber entregado dinero para financiar esa campaña a través del hermano del mandatario, Juan Fernando Petro.

El proceso quedó en manos de la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, del movimiento político La Fuerza de la Paz, quien firmó el auto de apertura que formaliza el inicio de las diligencias y justifica la intervención de la corporación judicial del Congreso con base en el fuero presidencial.

En los audios que motivaron la investigación, Pipe Tuluá hace afirmaciones directas sobre presuntos pagos realizados al entorno del presidente. «Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debería evaluar es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña», se escucha decir al extraditado en una de las grabaciones.

En otro fragmento, el delincuente asegura contar con material probatorio que respaldaría sus afirmaciones y que habría sido puesto a disposición de autoridades en Estados Unidos. «Tenemos pruebas donde se le pasó plata no solamente para su campaña, sino para cosas del día a día. Esas pruebas las vamos a pasar en los Estados Unidos», afirma Pipe Tuluá en el audio.

El auto de apertura de la investigación recoge y amplía el alcance de estas afirmaciones. Según el documento, el extraditado contaría con supuestas pruebas en formato de videos, audios y soportes de consignaciones. Además, señala que los dineros no solo habrían sido destinados a la campaña presidencial, sino también a asuntos relacionados con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. «Señalan los audios publicados que presuntamente alias Pipe Tuluá contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos», reza el documento.

Para justificar su competencia en el caso, la Comisión argumentó que las conductas señaladas involucran directamente al fuero presidencial. «Con relación a la competencia de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, se observa que esta es la llamada a asumir el asunto en atención a que se hace referencia a presuntas comisiones de carácter penal realizadas por el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Razón suficiente para que este despacho asuma la competencia para conocer de estas diligencias», señala el auto de apertura.

Esta etapa preliminar del proceso tendrá una duración inicial de seis meses, período durante el cual la Comisión se concentrará en recopilar el material probatorio y recibir las declaraciones pertinentes. Dependiendo de los hallazgos, el proceso podría avanzar hacia etapas posteriores con consecuencias jurídicas y políticas de mayor envergadura para el jefe de Estado.

El presidente Petro ya se había pronunciado sobre este tema antes de que se formalizara la investigación, rechazando de manera categórica las afirmaciones del extraditado. En tono desafiante, el mandatario descartó cualquier vínculo con financiadores ilegales y advirtió que ese tipo de presiones no tienen efecto sobre él. «Pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera, estaría lleno de billetes, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes, se lo dije a la CIA, no van conmigo», afirmó el jefe de Estado.

La apertura de esta investigación se produce en medio de un clima político cargado, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, y se suma a una serie de cuestionamientos que distintos sectores de la oposición han elevado contra el gobierno Petro en materia de financiación de campañas y presuntos vínculos con actores ilegales. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es el órgano constitucional encargado de investigar al presidente de la República cuando existen indicios de conductas penales, y sus actuaciones están sujetas a los procedimientos establecidos en el reglamento del Congreso y la Constitución Política.