Columna de Opinión.

Por: Oscar Campo, Representante a la Cámara por el Cauca.

Es cierto que la crisis no es nueva; de hecho, la Corte Constitucional desde 1998 ha declarado en dos ocasiones que el Sistema Penitenciario y Carcelario es contrario al orden constitucional, incluso han sido aprobados siete CONPES que reflejan los esfuerzos de los distintos gobiernos por mejorar la situación de hacinamiento, la infraestructura y la ampliación de cupos carcelarios.

Así las cosas, aunque los problemas no nacen con este gobierno, las soluciones tampoco vienen desde la Casa de Nariño. De hecho, a la vulneración de los Derechos Humanos a la población privada de la libertad, ahora se suma la grave amenaza a la vida de los funcionarios del INPEC.

Mientras en el discurso se habla de humanización de las cárceles, en los últimos días se han registrado dos asesinatos y cuatro atentados contra funcionarios penitenciarios y la idea de mejorar las condiciones en términos de espacios para los reclusos está desechada; recordemos que no se han destinado recursos para la construcción de nuevas cárceles.

Es evidente que el problema radica en que el Gobierno Nacional, hasta la fecha, tampoco ha materializado sus propuestas en materia de política criminal.

Por ejemplo, la idea del ministro Néstor Iván Osuna Patiño, sobre la justicia, se ha quedado en anuncios. A su vez, la articulación en materia administrativa y financiera con las entidades territoriales es aún muy precaria. Estas últimas con obligación legal frente a los sindicados, pero sin la capacidad fiscal para responder.

El caso de Popayán así lo muestra: por un lado, el Centro Transitorio Laura Valencia, que hoy tiene un hacinamiento del 191%. Por el otro, la Cárcel para Mujeres La Magdalena, que excede en un 50% su cupo.

El gobierno podrá tener todo tipo de opiniones al respecto, pero los hechos muestran que en las cárceles los criminales se están fortaleciendo. Mientras tanto, la sociedad se quedará esperando la resocialización de los penados y, por el contrario, va a seguir siendo víctima, entre otros delitos, de las ya conocidas extorsiones que se realizan desde el interior de esos centros de reclusión.

En suma, la situación Penitenciaria y Carcelaria es otro de los problemas que le están quedando grandes a este gobierno; mientras tanto, se le pasa el tiempo, y lo único que se avizora son los discursos y los ciudadanos se preguntan: ¿para cuándo los hechos?