La Asamblea General de las Naciones Unidas retoma este 28 y 29 de octubre el debate sobre el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, una cruel política vigente desde hace más de 60 años y condenada de forma reiterada por la comunidad internacional en pleno.

De ahí que el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, encabeza la delegación de su país en el foro de 193 Estados miembros.

Se trata de la trigésimo cuarta ocasión en que se somete a votación un proyecto de resolución que reclama el levantamiento del cerco, considerado el más prolongado de la historia contemporánea.

Las autoridades cubanas insisten en que esta política constituye el principal obstáculo para el desarrollo nacional y viola los DD.HH. de su pueblo.

Durante su estancia en Nueva York, Rodríguez denunció presiones diplomáticas ejercidas por Washington sobre varios países, especialmente de América Latina y Europa, con el fin de modificar su voto tradicional en apoyo al proyecto de resolución. Según explicó, el Departamento de Estado ha instruido a sus misiones en el extranjero para influir directamente sobre los Gobiernos con amenazas e informaciones tergiversadas.

El ministro afirmó que estas acciones forman parte de una campaña más amplia de «intoxicación informativa» dirigida a distorsionar la imagen de Cuba ante la comunidad internacional. Asimismo, advirtió sobre una escalada en las medidas de coerción económica, en particular la persecución financiera y las restricciones impuestas a empresas proveedoras de combustible para la isla.

El Gobierno cubano también ha denunciado el impacto acumulativo del bloqueo en sectores clave como salud, alimentación, energía y transporte. Solo en el último año, los daños ascendieron a más de 7.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 49 por ciento con respecto al período anterior, según datos oficiales. Las dificultades para acceder a tecnologías, insumos y equipamiento afectan directamente el bienestar de la población.

A esto se suma la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo, una medida que refuerza las trabas financieras y comerciales impuestas por Washington. Las autoridades cubanas consideran esta designación como infundada y políticamente motivada.

Se espera que al menos 49 delegaciones intervengan en la sesión de este año para expresar sus posiciones. El Gobierno cubano ha reiterado que continuará defendiendo su soberanía en todos los espacios multilaterales y ha llamado a la comunidad internacional a sostener una postura firme frente a una política que califica como injusta y prolongada.

El texto presentado por Cuba ante la Asamblea General argumenta el carácter extraterritorial del bloqueo y su contradicción con el derecho internacional y los principios de soberanía e igualdad entre los Estados. La resolución ha sido apoyada durante décadas por agrupaciones como el Movimiento de Países No Alineados, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.