Organizaciones de derechos humanos denuncian presunta agresión y amenazas contra lideresa social en Pasto

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Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del departamento de Nariño denunciaron un presunto ataque contra la lideresa y defensora de derechos humanos Piedad Lorena Guerrero Coka, quien habría sido víctima de una agresión física y amenazas de muerte durante una discusión de carÔcter político ocurrida en la ciudad de Pasto.

La denuncia fue hecha pública por la Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de Derechos Humanos de Nariño, POSVDH, junto con el subgrupo de Mujer, Género y Personas OSEIGD de la Mesa Territorial de Garantías de Nariño, mediante un comunicado en el que rechazaron los hechos y solicitaron la intervención urgente de las autoridades judiciales y de protección.

Según el pronunciamiento, el incidente se presentó en la noche del 27 de junio, cuando Guerrero Coka compartía con un grupo de artistas en la calle 17 de Pasto. De acuerdo con la versión entregada por las organizaciones, durante una conversación sobre el reciente proceso electoral, la defensora expresó su posición política, lo que habría desencadenado una confrontación con varias mujeres que, según el comunicado, manifestaron afinidad con sectores de la derecha.

Las organizaciones aseguran que, tras el intercambio de opiniones, varias personas se abalanzaron sobre la lideresa, la golpearon, la arrastraron por la vĆ­a pĆŗblica y presuntamente utilizaron una botella para herirla en el rostro.

De acuerdo con la denuncia, la agresión le ocasionó una herida que se extiende desde la frente hasta la nariz, ademÔs de afectaciones emocionales derivadas de las lesiones sufridas. El comunicado también afirma que, durante el ataque, las presuntas agresoras la amenazaron de muerte con expresiones intimidantes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos ni se ha informado sobre capturas o avances en una investigación relacionada con el caso.

En el comunicado, las organizaciones sociales califican lo sucedido como una presunta tentativa de homicidio y sostienen que este tipo de hechos reflejaría un incremento de la violencia política y de la estigmatización contra personas que defienden posiciones progresistas y los derechos humanos.

Asimismo, el documento incluye señalamientos de carÔcter político en los que atribuye el actual clima de polarización a discursos públicos del presidente electo Abelardo de la Espriella. Sobre este punto, es importante señalar que se trata de afirmaciones realizadas por las organizaciones firmantes de la denuncia y que, hasta el momento, no existe un pronunciamiento público conocido del mandatario electo en respuesta a dichas acusaciones.

Como parte de sus solicitudes, la Plataforma de Organizaciones Sociales pidió a la Fiscalía General de la Nación activar la Unidad Especial de Investigación creada en el Acuerdo Final de Paz, con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar tanto a los responsables materiales como a los posibles determinadores de la agresión.

De igual manera, solicitaron a la defensora del Pueblo, Iris Marín, pronunciarse sobre el caso y exhortar al presidente electo a promover el respeto por las diferencias políticas y a rechazar cualquier manifestación de violencia derivada de la confrontación ideológica.

Las organizaciones también pidieron a la Gobernación de Nariño y a la Defensoría del Pueblo Regional acompañar la activación de las rutas de protección para lideresas y defensoras de derechos humanos, con el propósito de garantizar medidas de atención y seguridad para la víctima.

El caso se conoce en un contexto de alta polarización política tras las recientes elecciones presidenciales y vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos frente a los riesgos que enfrentan líderes sociales y personas que participan activamente en el debate público.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes informen si existe una denuncia formal por estos hechos y las actuaciones judiciales que permitan establecer con precisión las circunstancias de la agresión y las responsabilidades correspondientes.

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