A 90 días del sismo de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país, miles de familias colombianas siguen en albergues, el fondo estatal de reconstrucción apenas comienza a operar.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia el pasado lunes 10 de agosto, causando más de 300 muertos y cerca de 260.000 damnificados. Noventa días después de la que se considera la tragedia natural más grave de la última década de la nación, el balance es desalentador, triste y cruel: hay familias que aún duermen en carpas y albergues en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó y Risaralda, las ayudas han llegado con cuentagotas, de manera extremadamente y la transparencia en el manejo de los recursos sigue siendo una asignatura pendiente.

El mismo día del sismo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación del Fondo Milagro, destinado a administrar los recursos estatales para la reconstrucción. Sin embargo, su puesta en marcha real solo comenzó hace un mes. Durante los primeros 60 días, Jaime Uribe actuó públicamente como gerente de una entidad que administrativamente no existía y en la que ni siquiera se había posesionado. El consejo directivo tampoco lo había hecho: apenas asumió funciones en las últimas dos semanas.

El decreto establece que ese consejo tendrá ocho miembros, cinco de ellos escogidos directamente por el mandatario y sin remuneración. Los nombres ya anunciados son el empresario antioqueño Arturo Calle, dueño de la cadena de almacenes de ropa que lleva su nombre; el vallecaucano César Caicedo, directivo de la familia propietaria de Colombina; Liliana Rincón, presidenta de la cadena de restaurantes Frisby; Germán Bahamón, cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros; y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia. El grupo se completa con un delegado del Departamento Nacional de Planeación, otro del Ministerio de Hacienda y un representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), este último con voz pero sin voto.

Una de las primeras tareas del consejo será escoger «una firma de reconocido prestigio internacional» para realizar una auditoría independiente de los recursos, un requisito que también permanece sin cumplir.

Este martes, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que advierte sobre los obstáculos que enfrentan los afectados para acceder a subsidios de arrendamiento, salud, educación y ayuda humanitaria. El documento revela, además, una brecha de financiación de 50,08 billones de pesos: de los 58,29 billones que costaría la recuperación, el Gobierno solo ha identificado 8,21 billones, es decir, apenas el 14% de lo requerido.

El organismo también cuestiona que, a tres meses de la emergencia, no existan protocolos claros para atender a los damnificados ni una hoja de ruta definida para las próximas etapas.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada y dirigida por la primera dama, Ana Lucía Pineda, fue compelida por un juez a presentar un reporte detallado de los recursos que administra, luego de que el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, interpusiera una acción de tutela.

En el documento publicado este lunes, la organización informa que recaudó $54.589 millones de pesos (cerca de 16,7 millones de dólares) y que su plan tiene dos fases. La primera, denominada «salvaguardar vidas», se concentra en la entrega de ayuda humanitaria: según la fundación, han distribuido 5.652 toneladas, aunque sin precisar qué tipo de ayudas ni en qué lugares. La segunda fase, la de reconstrucción, todavía no arranca y contempla alianzas para levantar tres colegios, tres centros de salud en Cali y 35 viviendas en dos departamentos.

La cifra resulta ínfima frente a la magnitud del desastre: de concretarse, representaría menos del 0,1% de las edificaciones dañadas. De acuerdo con el Registro Único de Damnificados (RUD) de la UNGRD, en todo el país hay unas 36.478 viviendas destruidas y otras 206.931 con averías.

Ocampo ha sido uno de los congresistas más insistentes en exigir claridad sobre las donaciones. Según los pocos informes entregados por la fundación, el 88% de los recursos está pendiente de ejecución. «No entregó contabilidad, extractos, actas ni informes de auditoría. Tampoco el contrato de la fiducia: ¿quién controla los giros y cuánto hay hoy?», ha cuestionado el legislador en sus redes sociales.

El representante también ha denunciado fallas en el censo de damnificados en el Valle del Cauca, su departamento, donde las alcaldías y la gobernación estuvieron a cargo del registro. Según reveló la Procuraduría el mes pasado, cientos de personas quedaron por fuera del conteo.

Este miércoles concluyen las audiencias de la Comisión Accidental Bicameral, que entre el 22 de octubre y el 11 de noviembre realizó diez diligencias públicas en seis departamentos para hacer seguimiento a la reconstrucción. A todas fue invitado el gerente Jaime Uribe, quien además fue citado a un debate de control político. Tanto él como el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, solicitaron más tiempo para consolidar la información requerida.

El debate por los recursos destinados a las víctimas del terremoto sigue abierto, y el reloj empieza a correr en contra.