Un nuevo escándalo sacude al Congreso de la República, luego de que se conociera una denuncia penal presentada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del Representante a la Cámara Jorge Bastidas, por presunto uso indebido de su influencia política para eliminar multas de tránsito impuestas a su esposa y a su madre.
Según la denuncia, radicada por una firma penalista de Bogotá especializada en delitos contra la administración pública, el congresista caucano habría intervenido para que la Secretaría de Tránsito de Popayán anulara irregularmente más de 22 millones de pesos en comparendos registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
Los documentos presentados como prueba incluyen certificados oficiales del SIMIT, así como actos administrativos expedidos por la titular de la Secretaría de Tránsito local, los cuales habrían sido emitidos sin sustento legal alguno para justificar la eliminación de las sanciones.
La denuncia también expone una presunta relación directa entre el representante Bastidas y la funcionaria responsable, lo que podría configurar varios delitos graves como tráfico de influencias, cohecho propio, abuso de autoridad, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.
Ante la gravedad de los hechos, el documento solicita la compulsa de copias a la fiscalía general de la Nación y a la Procuraduría Regional del Cauca, para que se adelante una investigación penal y disciplinaria contra la funcionaria involucrada.
La filtración de los documentos ha generado una ola de indignación en Popayán, donde en redes sociales ya circulan imágenes de las multas anuladas, con detalles de placas, fechas y registros oficiales del sistema. La ciudadanía ha reaccionado con fuerza, exigiendo transparencia, sanciones y una pronta respuesta de los órganos de control.
El caso ha escalado rápidamente a nivel nacional y se vislumbra como una tormenta política con posibles consecuencias severas para el futuro del representante Jorge Bastidas y la actual administración municipal de tránsito.
Por el momento, ni el congresista ni la funcionaria señalada han emitido pronunciamientos oficiales frente a las acusaciones.
