El anuncio del inicio de fumigaciones con glifosato en municipios del sur del Cauca ha generado fuertes reacciones desde sectores políticos y sociales del departamento, que advierten sobre el impacto que esta medida puede tener en comunidades campesinas que esperaban apoyo estatal para la sustitución de cultivos de uso ilícito.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos, notificó a las alcaldías de Patía y Argelia sobre el inicio de operaciones de fumigación con glifosato, decisión que se da en medio de cuestionamientos por el incumplimiento de los compromisos sociales, económicos y productivos asumidos con las familias rurales.

Frente a esta situación, el representante a la Cámara por el Cauca, Óscar Campo, aseguró que el campesinado caucano “se quedó esperando el apoyo completo para la sustitución”, y que en lugar de recibir alternativas productivas y acompañamiento estatal, ahora enfrenta la aspersión con glifosato por parte de un Gobierno que según señaló fue respaldado masivamente en las urnas por estas comunidades.

“El fracaso de la política de sustitución, como lo hemos denunciado en nuestros controles políticos, significa más combustible para la violencia y mayor vulnerabilidad para miles de familias rurales”, afirmó el congresista.

Campo advirtió que la falta de autoridad y orden en los territorios ha debilitado las políticas sociales, provocando el aumento de la pobreza y fortaleciendo dinámicas de caos y violencia en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado.

De acuerdo con el representante, la sustitución de cultivos no puede reducirse a una estrategia represiva sin un componente integral que garantice ingresos, seguridad y oportunidades reales para las comunidades campesinas, quienes dijo quedan expuestas a economías ilegales y a la presión de grupos armados ante la ausencia del Estado.

Finalmente, el congresista hizo un llamado a recuperar el rumbo de la política pública en los territorios rurales y reiteró la necesidad de un cambio de enfoque de cara al año 2026, que permita reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades del Cauca.

Mientras tanto, organizaciones sociales y autoridades locales han manifestado su preocupación por los efectos sociales, ambientales y económicos que pueda generar la fumigación, en un contexto donde la implementación integral de la sustitución de cultivos sigue siendo una deuda pendiente con el campesinado caucano.