Líderes sociales denuncian que la falta de oportunidades laborales y las precarias condiciones económicas en sectores vulnerables han convertido a muchos jóvenes en blanco fácil para ser reclutados o cooptados por estas organizaciones criminales.
La dinámica de violencia y explotación que envuelve a estos menores se refleja en el caso del adolescente asesinado. Voceros comunitarios aseguran que, a pesar de su juventud, el joven al parecer fue utilizado para cumplir diferentes encargos delictivos, como el transporte de armas y drogas, funciones propias de las milicias urbanas o redes de apoyo vinculadas a las disidencias.
“Este muchacho creció en medio de muchas necesidades y terminó rodeado por personas que lo involucraron en actividades ilegales. Él tenía sueños sencillos: estudiar, jugar fútbol y salir adelante. Pero la realidad que lo envolvía fue otra, una dinámica de violencia que afecta a muchos adolescentes en barrios populares de Popayán no llega a inversión social”, relataron estos líderes.
La tragedia no solo evidencia la vulnerabilidad individual del joven, sino también el impacto colectivo que generan estas estructuras ilegales en las comunidades rurales y urbanas del Cauca. La vereda Cauquita, lugar donde fue encontrado el cadáver, es conocida por la fuerte presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial y dificultan el acceso a la información y la protección por parte de las autoridades. Esta situación dificulta la investigación y esclarecimiento de los hechos, generando además un clima de miedo entre los habitantes.
Aunque las circunstancias precisas del asesinato aún están bajo investigación, las primeras hipótesis indican que el joven podría haber sido ultimado por la misma organización ilegal a la que supuestamente servía. Las razones podrían estar relacionadas con su presencia en el sector sin autorización o porque habría dejado de ser útil para la estructura criminal. Este tipo de ejecuciones al interior de estos grupos reflejan la crueldad y el control férreo que ejercen sobre sus miembros, incluso cuando se trata de menores de edad.
Los líderes sociales que denunciaron este caso también hacen un llamado urgente para que se preste mayor atención a la problemática del reclutamiento forzado y la utilización de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en la región. Esta práctica representa una grave violación a los derechos humanos y perpetúa un ciclo de violencia que afecta tanto a las víctimas directas como a sus familias y comunidades.
En palabras de uno de los voceros, “es fundamental que el Estado, junto con la sociedad civil, fortalezca acciones de prevención, protección y generación de oportunidades para nuestros jóvenes, de manera que puedan alejarse de estas redes criminales y construir un futuro digno”.
